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Partidaria de la democracia protegida que impuso con la Constitución de 1980, la derecha demoró 15 años en dar sus votos para la aprobación de las reformas políticas más importantes de la transición -aquellas que en 2005 suprimieron senadores designados y vitalicios, cambiaron el estatuto del Consejo de Seguridad Nacional y subordinaron el poder militar al político-, con el pretexto tan pueril como majadero de que tales reformas no tenían que ver con los problemas de la gente.

Empleo ambos adjetivos porque si los problemas de la gente tienen que ver con salud, educación, previsión y seguridad, y si parte de su solución pasa por la aprobación de leyes en el Congreso, ¿cómo pudo alguna vez sostenerse que para la gente resultaba indiferente que el 20 por ciento del Senado no fuera elegido por sufragio universal?

Siempre he tenido la convicción de que una proporción importante de quienes a partir de 1989 postularon al Congreso bajo el alero de la Alianza, lo hicieron con el propósito de conseguir los votos suficientes, por minoritarios que fueran, para evitar por largo tiempo reformas a una Constitución que en más de una ocasión declararon intangible. Porque si una Constitución y una legislación electoral te permiten jugar con ventaja, no te queda más alternativa que aferrarte a ellas mientras te resulte posible.

Tengo para mí que la derecha que apoyó sin reservas al régimen de Pinochet, y que continúa viendo hasta hoy en el extinto general a su líder más representativo, se resignó sin ningún entusiasmo al advenimiento de la democracia, y ha teni-do bastante éxito en demorar los cambios que debían conducir a una democracia en forma. Sólo cuando su estrategia ha quedado demasiado en evidencia a los ojos de los elec-tores, la derecha ha apoyado esos cambios y allanado a una democracia sin apellidos.

Ahora la derecha dice estar dispuesta a modificar el sistema binominal, a propiciar la inscripción obligatoria en los registros electorales y a implementar el voto de los chilenos que viven en el extranjero. Queda por ver, sin embargo, cuánta sinceridad hay en esas declaraciones y si los cálculos de conveniencia no terminarán sepultándolas y favoreciendo la posición de aquellos que en la Alianza se acostumbraron a gozar de un subsidio en las elecciones de diputados y senadores, a reducir la competencia electoral al mínimo, a eliminar la incertidumbre en el resultado de tales elecciones, y a dejar en condición de extraparlamentaria -es decir, fuera del Congreso- a partidos de izquierda que no forman parte de la Concertación.

En caso de aprobarse, las tres reformas que se anuncian harán a nuestra democracia más partici-pativa y, a la par, mayormente representativa, favoreciendo también una mayor competencia y un saludable aumento de la incertidumbre. Mi duda es si palabras como ésas -participación, competencia e incertidumbre- tienen suficiente aceptación en la derecha chilena cuando de lo que se trata es del poder político, y no de los negocios. Una duda que vale también para los autoproclamados "senadores independientes" que hoy hacen política desde las imprevisibles zonas de la vanidad y el despecho.

Agustín Squella