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El relato del general (R) Gonzalo Santelices es el de un protagonista secundario y testigo de primera línea del crimen contra 14 prisioneros que, atados y vendados, no tuvieron ninguna capacidad para defenderse. Es una escena, ocurrida en un descampado cerca de Antofagasta, de la secuencia de delitos cometidos por oficiales y suboficiales del Ejército en un recorrido por ciudades del norte y centro del país, en lo que se denominó la Caravana de la Muerte.
La narración del entonces subteniente veinteañero enseña el aire de excitación que animaba a los oficiales y sus órdenes que destrozaban los cuerpos hasta dejarlos sin asomo de aliento. La eliminación fue el método de la “limpieza político-ideológica” ordenada por los mandos superiores del Ejército y a la que muchos, como Santelices, no pudieron más que rendirse, obedeciendo sin más.
La Caravana de la Muerte es un retrato de época. Identifica a un proceso político ordenado por el verbo eliminar. Entonces, los que tenían la palabra o el poder total lo conjugaron de incontables formas por todos los rincones. “Eliminar al enemigo interno”, rezaba la ideología, colgada en la Constitución de 1980 hasta que el comandante en jefe del Ejército, el mismo que comisionó a uno de sus generales a emprender la caravana, abandonara el gobierno.
Las imágenes salpican al lector que sigue el breve relato del hasta hace unos días novena antigüedad del Ejército. La eliminación (como exterminio, aniquilamiento o matanza) fraguada por hombres nerviosos, enardecidos o enceguecidos, sin permitir ni una milésima para detenerse, pensar, dudar. Entre la orden y la obediencia no cabía nada, sino cumplirla en la quietud de una madrugada cualquiera, de una cárcel dormida y de un desierto mudo. La ciudad y el páramo manso, roto por unos hombres delirantes.
Escenas en un espacio y tiempo lejos u ocultos de “los otros”, en la “soledad del silencio”. Sólo posibles de rehacer por los presentes. Uno de ellos ha enseñado un trazo 35 años después. Era el ejército de la época, el que a través de la cadena de mando, como precisa Santelices, ordenaba eliminar.
Ese reconocimiento está pendiente, porque el Ejército, junto con tener oficiales que reprocharon la práctica de la eliminación, siendo castigados, desalojados de sus cargos y retirados de la institución, éste fue conducido por un comandante en jefe con el respaldo de generales y oficiales suficientes para prolongar el método de la eliminación en espacios abiertos, recintos militares, cárceles secretas y en ciudades como Buenos Aires, Roma y Washington.
El mando del comandante en jefe Pinochet y de los generales y oficiales que le siguieron, empuñó las armas del Ejército contra numerosos chilenos, ordenando su uso en su contra: prisioneros, desarmados e indefensos. Como lo indica el que fuera jefe de la Guarnición del Ejército de Santiago, “lamentablemente, militares que dieron las órdenes no han asumido las consecuencias de la responsabilidad del mando. Hay gente enjuiciada que cumplió órdenes, pero quienes las dieron siguen en silencio”.
El juez Víctor Montiglio tiene la palabra y sus colegas que continúan investigando crímenes contra la humanidad.
por Pablo Portales
El ex ministro y analista político cree que sería una “monstruosidad” quitar los derechos políticos a un ciudadano por lo que hizo hace 30 años.
Los militares son un tema de siempre para el ex embajador, ex ministro y hombre histórico de la Concertación. Durante la dictadura de Pinochet fueron su objeto de estudio en su condición de analista, pues "cuando se produjo el golpe, mi sensación fue que los civiles no sabíamos nada del mundo militar, y en consecuencia me dediqué a investigar y a escribir".
Durante los años ochenta, Arriagada planteaba en sus textos que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares no fueron responsabilidad del Ejército, sino responsabilidades individuales, a menos que la institución hubiese tenido una actitud de encubrimiento.
Ese es el gran karma que arrastran los militares hasta hoy, como lo demuestran los últimos sucesos.
Hay un hecho que es mundial: qué hacer con los abusos ocurridos en materia de derechos humanos, y es así en todos los países de la Tierra que tuvieron dictaduras militares en los años sesenta..
Los españoles, después de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, creían haber enterrado el tema, pero hoy basta llegar a España para saber que está flotando en el aire. Los uruguayos creyeron haber zanjado la cuestión a través de un plebiscito en su oportunidad, Julio María Sanguinetti me dijo que veía al pueblo uruguayo yendo a depositar su voto en la urna con la nariz apretada , pero el asunto volvió.
Finalmente, en ninguna parte las amnistías ni los puntos finales resultaron eficientes.
Sacar a un tipo de una cárcel y torturarlo hasta matarlo no es un acto militar. Al revés, es una ofensa al honor militar. Creo que Chile se está reencontrando con sus Fuerzas Armadas, lo prueban todas las encuestas, pero lo que los países no aceptan es reencontrarse con los militares que cometieron crímenes. Son cosas muy distintas. El país se reencuentra con la institución centenaria que es el Ejército, pero eso no pasa por reconciliarse con la Brigada Mulchén Eso sería una abyección.
Probablemente vamos a seguir con este problema por mucho tiempo más como parte de la vida institucional del país.
Pero eso, aunque doloroso, es más sano que la impunidad.
Ahora bien, Cheyre en su carta a la clase política dice: "Me inquieta que se terminen dilapidando los acuerdos alcanzados y se intente imponer una sanción moral a quienes han defendido y asumido la verdad", pues Santelices nunca ocultó ante el tribunal su actuación.
Pienso que la defensa que Cheyre y otros hacen del general Santelices no encuentra fundamento ni en la teoría militar ni en el honor militar.
Se argumenta que el general Santelices recibía órdenes .
Si; pero la obediencia de los militares a sus mandos no es ilimitada ni ciega ni irreflexiva.
Los ingleses son aún más claros: si una persona que está obligada a obedecer a un superior recibe de éste una orden ilegal, no debe cumplir tal orden, y en caso de hacerlo, caerá en la responsabilidad penal.
El general Cheyre, en declaraciones a Radio Duna, ha dicho que los acontecimientos suscitados a partir del caso de Santelices son el momento más crítico, lamentable y peligroso del proceso democrático.
Esa es una demasía. Pretender que la democracia está en un momento crítico porque a una persona se le presiona para que renuncie a la condición de general de la República, debido a que cuando era teniente se vio envuelto, cierto que en una función menor, en un asesinato colectivo de prisioneros políticos, que escuchó de modo presencial las descargas que consumaban el asesinato y que respecto de esos hechos guardó silencio durante casi 30 años esa es una exageración inaceptable. Lo que es claro es que el general Santelices nunca informó de esto, salvo cuando fue citado por el juez Guzmán, y eso fue 30 años después del hecho, y esa es una responsabilidad moral no menor.
Cheyre está defendiendo a alguien que no cometió un crimen, y él invoca un acuerdo en el Gobierno de Lagos. Está haciendo un punto político más allá de lo procesal.
Desconozco si ha habido acuerdos políticos entre el Gobierno de Lagos y el Ejército. Me parece sorprendente, porque en definitiva eso implicaría llamar a los comandantes en jefe a una deliberación política.
Pero en el documento de Lagos "No hay mañana sin ayer" dice: "Proponemos también diferenciar la responsabilidad de quienes actuaron bajo temor a represalias que amenazaban sus vidas en estado de ignorancia insuperable que prácticamente anulaba su capacidad de decisión, de aquellos otros que organizaron, planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de crímenes, por lo que ejecutaron directamente con pleno discernimiento". Ahí hay una doctrina de la autoridad máxima, el Presidente.
Él dice diferenciar, pero no exculpar. No la conocía, pero la frase de Lagos me parece razonable. Uno no puede poner en el mismo caso a quien diseñó una política de exterminio, como se hizo con el MIR, que con aquel que teniendo conocimiento de ese hecho no lo denunció. La transición chilena ha sido muy cuidadosa en los matices. Aplicada a Santelices es parecido a lo que digo: él no diseñó el crimen, ni lo ordenó ni lo ejecutó. Pero los hechos en que se vio envuelto no son menores: yo entrego 14 personas maniatadas, vendadas, sé lo que van a hacer con ellas, me retiro, escucho las descargas, sé que las han asesinado, y guardo el silencio durante 30 años. Uno puede llegar a comprender y decir: este señor tenía 20 años, era un teniente, se vivía en una dictadura, pero eso no excluye una responsabilidad moral.
¿Qué quiere Cheyre?
En el fondo, Cheyre quiere situar los hechos en un contexto amplio, diciendo algo así como que "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra".
En cierto aspecto Cheyre tiene razón, pero su juicio, al no tener matices y contener confusiones, en vez de ayudar a aclarar las responsabilidades las confunde. Concretamente, no se puede poner en un mismo rango las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales.
Entonces, está de acuerdo con Cheyre en que hay una responsabilidad política que va mucho más allá del Ejército.
Sin duda, a lo menos 15 años antes de que Cheyre diera a conocer el documento "Nunca más", innumerables personas de la Concertación, entre ellas yo, afirmamos que la mayor responsabilidad del golpe no era de los militares, sino de los civiles, y concretamente de aquellos que habíamos ido destruyendo gradualmente la democracia chilena. Tendrán diferentes grados de culpa y en eso no se exculpa ni la DC, ni los socialistas, ni el PC, ni la derecha, ni tampoco los empresarios o la prensa. No es que bruscamente cuatro generales malos llegaron y decidieron dar un golpe, eso no es así. En eso, Cheyre reitera ideas que son muy anteriores. Pero eso no desvaloriza el "nunca más" y menos el hecho de que, a través de él, Cheyre tuviera como comandante en jefe el coraje de asumir de manera simbólica la responsabilidad política del Ejército. Ese acto merece respeto.
¿Dónde está su discrepancia?
Es grave y profunda. Cheyre confunde responsabilidad política con responsabilidad penal. No hay ningún general, u oficial, de Ejército o de otras ramas, procesado por sus responsabilidades políticas en el golpe militar. Todos lo están por la comisión directa o por complicidad en actos que son crímenes: ejecuciones sumarias, asesinatos de personas que estaban en cárceles regulares o clandestinas o en recintos militares, por desapariciones de detenidos, o actos de tortura que causaron la muerte. .
Cheyre, en declaraciones posteriores, critica que la Presidenta haga guardia de honor en el féretro de Volodia Teitelboim, que es una de las personas con responsabilidad política en la creación del FPMR.
Con franqueza, no la visita, pero sí lo de la guardia, me pareció un gesto excesivo. Pero, si entiendo bien, la propuesta de Cheyre, en la medida que fuera aplicable al PC, no habría comunista con derecho a ocupar un cargo en Chile. Eso estaba en el artículo 8º de la Constitución original de Pinochet, cuya derogación fue parte de las primeras reformas aprobadas después del plebiscito de 1988. Pero, de nuevo, no hay que confundir: los militantes del PC que se metieron en actos criminales, cuando los detectaron fueron condenados. Es lo mismo que ha sucedido con el Ejército, los que cometieron crímenes están siendo procesados y condenados, pero sería una monstruosidad que a un ciudadano, en función de haber estado en altos cargos durante el régimen militar, se le impidiera ejercer cargos públicos o postular a cargos electivos. No sucedió con [Rodolfo] Stange, no ha sucedido con generales y almirantes que han sido miembros del Senado.
Cheyre incluso habla de los jueces que no tuvieron el suficiente coraje para defender los derechos humanos y también menciona a la derecha.
Por supuesto que hay responsabilidad política de la Corte Suprema y del Poder Judicial, y el general Cheyre hace muy bien en recordar la responsabilidad política de la derecha.
A partir de este episodio, ¿se resiente la relación que había logrado con tanto esfuerzo la Concertación con el mundo militar?
La Concertación nunca ha querido desarrollar una política contra el Ejército; por el contrario, lo considera una institución esencial de la nación. Digo que la Concertación enfrentada al problema universal de qué hacer con los pasados abusos de derechos humanos, dijo: "Vamos a precisar responsabilidades individuales, porque las responsabilidades penales son individuales y no de la institución". Así fue desde siempre
Una escena que no se veía desde el mismo 11 de septiembre de 1973. El Palacio de La Moneda se encuentra sitiada por fuerzas policiales para impedir que la ciudadanía y los seguidores del ex Presidente Salvador no se agrupen, en masa, en Morande 80.
Las Alamedas nuevamente se cierran para los chilenos ya que este emblemático día el gobierno encabezada por la socialista Michelle Bachelet dio instrucciones a su ministro del Interior, Belisario Velasco para que impidiera el paso de los seguidores del ex presidente Salvador Allende.
Desde las primeras horas de está mañana, La puerta lateral del Palacio de La Moneda, por donde fue sacado el cadáver del presidente chileno Salvador Allende en 1973, ha el escenario-tras una marcha el domingo- de homenajes de varias fuerzas populares.
El punto está identificado con el número 80 de la céntrica calle Morandé, a pocos metros de donde se erige un monumento, en la Plaza de la Constitución, al ex mandatario socialista.
El aniversario de su muerte tras el golpe militar de Augusto Pinochet concita, como todos los años, tensiones para las autoridades en previsión de posibles incidentes, mientras las organizaciones sociales denunciaron una política represiva del gobierno.
Para este "primer 11 de septiembre sin Pinochet", la Intendencia de Santiago dispuso que solamente 12 organizaciones podrán rendir homenaje a Allende en esos lugares.
Desde primera hora y en forma escalonada desfilaran delegaciones de entre 10 y 30 personas pertenecientes a los partidos Comunista, Socialista, Izquierda Cristiana y Por La Democracia, así como al Juntos Podemos Más.
También lo han realizado varias organizaciones, como la Agrupación de Familiares de Detenidos, Ejecutados y Desaparecidos del Palacio de La Moneda, ex miembros de la seguridad de Allende (GAP) y otros.
El ministro vocero del gobierno, Ricardo Lagos Weber, precisó la víspera que habrá un dispositivo policial adecuado a las circunstancias para garantizar el derecho a hacer los homenajes, pero también asegurando la seguridad y el orden público.
Minutos antes de los homenajes, dirigentes de los partidos Comunista e Izquierda Cristiana reiterarán su decisión de denunciar ante organismos internacionales de los derechos humanos la represión policial desplegada el domingo que terminó con casi 200 detenidos.
Ayer entregaron una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet denunciando la represión policial contra quienes marcharon en Santiago en homenaje a Allende.
Señalaron que asistieron, en los hechos, a "la puesta en práctica del Estado de Sitio" y a la presencia desmedida de fuerzas policiales, así como a la represión y detención de dirigentes emblemáticas de agrupaciones de derechos humanos.
Por su parte, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), Mireya García, calificó de innecesarias las medidas de prevención: "nadie -dijo- va a hacer algo que atente en contra de la memoria del Presidente Salvador Allende".
Asimismo, se informó que la misma efemérides será recordada por familiares y seguidores de Pinochet, quien falleció hace 10 meses, que organizaron dos misas en haciendas privadas de las afueras de Santiago.
También circuló un comunicado de la empresa de energía eléctrica Chilectra, anunciando un "plan de contingencia" con helicópteros y 700 personas en 150 cuadrillas ante la eventual interrupción del servicio debido a "disturbios y actos vandálicos" durante la conmemoración.
Santiago de Chile, 11 de septiembre 2007
