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El ex ministro y analista político cree que sería una “monstruosidad” quitar los derechos políticos a un ciudadano por lo que hizo hace 30 años.

Los militares son un tema de siempre para el ex embajador, ex ministro y hombre histórico de la Concertación. Durante la dictadura de Pinochet fueron su objeto de estudio en su condición de analista, pues "cuando se produjo el golpe, mi sensación fue que los civiles no sabíamos nada del mundo militar, y en consecuencia me dediqué a investigar y a escribir". 

Durante los años ochenta, Arriagada planteaba en sus textos que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares no fueron responsabilidad del Ejército, sino responsabilidades individuales, a menos que la institución hubiese tenido una actitud de encubrimiento.

Ese es el gran karma que arrastran los militares hasta hoy, como lo demuestran los últimos sucesos.

Hay un hecho que es mundial: qué hacer con los abusos ocurridos en materia de derechos humanos, y es así en todos los países de la Tierra que tuvieron dictaduras militares en los años sesenta..

 Los españoles, después de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, creían haber enterrado el tema, pero hoy basta llegar a España para saber que está flotando en el aire. Los uruguayos creyeron haber zanjado la cuestión a través de un plebiscito en su oportunidad, Julio María Sanguinetti me dijo que veía al pueblo uruguayo yendo a depositar su voto en la urna con la nariz apretada , pero el asunto volvió.

Finalmente, en ninguna parte las amnistías ni los puntos finales resultaron eficientes.

Sacar a un tipo de una cárcel y torturarlo hasta matarlo no es un acto militar. Al revés, es una ofensa al honor militar. Creo que Chile se está reencontrando con sus Fuerzas Armadas, lo prueban todas las encuestas, pero lo que los países no aceptan es reencontrarse con los militares que cometieron crímenes. Son cosas muy distintas. El país se reencuentra con la institución centenaria que es el Ejército, pero eso no pasa por reconciliarse con la Brigada Mulchén Eso sería una abyección.

Probablemente vamos a seguir con este problema por mucho tiempo más como parte de la vida institucional del país.

Pero eso, aunque doloroso, es más sano que la impunidad.

Ahora bien, Cheyre en su carta a la clase política dice: "Me inquieta que se terminen dilapidando los acuerdos alcanzados y se intente imponer una sanción moral a quienes han defendido y asumido la verdad", pues Santelices nunca ocultó ante el tribunal su actuación.

Pienso que la defensa que Cheyre y otros hacen del general Santelices no encuentra fundamento ni en la teoría militar ni en el honor militar.

Se argumenta que el general Santelices recibía órdenes .

Si; pero la obediencia de los militares a sus mandos no es ilimitada ni ciega ni irreflexiva.

Los ingleses son aún más claros: si una persona que está obligada a obedecer a un superior recibe de éste una orden ilegal, no debe cumplir tal orden, y en caso de hacerlo, caerá en la responsabilidad penal.

El general Cheyre, en declaraciones a Radio Duna, ha dicho que los acontecimientos suscitados a partir del caso de Santelices son el momento más crítico, lamentable y peligroso del proceso democrático.

Esa es una demasía. Pretender que la democracia está en un momento crítico porque a una persona se le presiona para que renuncie a la condición de general de la República, debido a que cuando era teniente se vio envuelto, cierto que en una función menor, en un asesinato colectivo de prisioneros políticos, que escuchó de modo presencial las descargas que consumaban el asesinato y que respecto de esos hechos guardó silencio durante casi 30 años esa es una exageración inaceptable. Lo que es claro es que el general Santelices nunca informó de esto, salvo cuando fue citado por el juez Guzmán, y eso fue 30 años después del hecho, y esa es una responsabilidad moral no menor.

Cheyre está defendiendo a alguien que no cometió un crimen, y él invoca un acuerdo en el Gobierno de Lagos. Está haciendo un punto político más allá de lo procesal.

Desconozco si ha habido acuerdos políticos entre el Gobierno de Lagos y el Ejército. Me parece sorprendente, porque en definitiva eso implicaría llamar a los comandantes en jefe a una deliberación política.

Pero en el documento de Lagos "No hay mañana sin ayer" dice: "Proponemos también diferenciar la responsabilidad de quienes actuaron bajo temor a represalias que amenazaban sus vidas en estado de ignorancia insuperable que prácticamente anulaba su capacidad de decisión, de aquellos otros que organizaron, planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de crímenes, por lo que ejecutaron directamente con pleno discernimiento". Ahí hay una doctrina de la autoridad máxima, el Presidente.

Él dice diferenciar, pero no exculpar. No la conocía, pero la frase de Lagos me parece razonable. Uno no puede poner en el mismo caso a quien diseñó una política de exterminio, como se hizo con el MIR, que con aquel que teniendo conocimiento de ese hecho no lo denunció. La transición chilena ha sido muy cuidadosa en los matices. Aplicada a Santelices es parecido a lo que digo: él no diseñó el crimen, ni lo ordenó ni lo ejecutó. Pero los hechos en que se vio envuelto no son menores: yo entrego 14 personas maniatadas, vendadas, sé lo que van a hacer con ellas, me retiro, escucho las descargas, sé que las han asesinado, y guardo el silencio durante 30 años. Uno puede llegar a comprender y decir: este señor tenía 20 años, era un teniente, se vivía en una dictadura, pero eso no excluye una responsabilidad moral.

¿Qué quiere Cheyre?

En el fondo, Cheyre quiere situar los hechos en un contexto amplio, diciendo algo así como que "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra".

En cierto aspecto Cheyre tiene razón, pero su juicio, al no tener matices y contener confusiones, en vez de ayudar a aclarar las responsabilidades las confunde. Concretamente, no se puede poner en un mismo rango las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales.

Entonces, está de acuerdo con Cheyre en que hay una responsabilidad política que va mucho más allá del Ejército.

Sin duda, a lo menos 15 años antes de que Cheyre diera a conocer el documento "Nunca más", innumerables personas de la Concertación, entre ellas yo, afirmamos que la mayor responsabilidad del golpe no era de los militares, sino de los civiles, y concretamente de aquellos que habíamos ido destruyendo gradualmente la democracia chilena. Tendrán diferentes grados de culpa y en eso no se exculpa ni la DC, ni los socialistas, ni el PC, ni la derecha, ni tampoco los empresarios o la prensa. No es que bruscamente cuatro generales malos llegaron y decidieron dar un golpe, eso no es así. En eso, Cheyre reitera ideas que son muy anteriores. Pero eso no desvaloriza el "nunca más" y menos el hecho de que, a través de él, Cheyre tuviera como comandante en jefe el coraje de asumir de manera simbólica la responsabilidad política del Ejército. Ese acto merece respeto.

¿Dónde está su discrepancia?

Es grave y profunda. Cheyre confunde responsabilidad política con responsabilidad penal. No hay ningún general, u oficial, de Ejército o de otras ramas, procesado por sus responsabilidades políticas en el golpe militar. Todos lo están por la comisión directa o por complicidad en actos que son crímenes: ejecuciones sumarias, asesinatos de personas que estaban en cárceles regulares o clandestinas o en recintos militares, por desapariciones de detenidos, o actos de tortura que causaron la muerte. .

Cheyre, en declaraciones posteriores, critica que la Presidenta haga guardia de honor en el féretro de Volodia Teitelboim, que es una de las personas con responsabilidad política en la creación del FPMR.

Con franqueza, no la visita, pero sí lo de la guardia, me pareció un gesto excesivo. Pero, si entiendo bien, la propuesta de Cheyre, en la medida que fuera aplicable al PC, no habría comunista con derecho a ocupar un cargo en Chile. Eso estaba en el artículo 8º de la Constitución original de Pinochet, cuya derogación fue parte de las primeras reformas aprobadas después del plebiscito de 1988. Pero, de nuevo, no hay que confundir: los militantes del PC que se metieron en actos criminales, cuando los detectaron fueron condenados. Es lo mismo que ha sucedido con el Ejército, los que cometieron crímenes están siendo procesados y condenados, pero sería una monstruosidad que a un ciudadano, en función de haber estado en altos cargos durante el régimen militar, se le impidiera ejercer cargos públicos o postular a cargos electivos. No sucedió con [Rodolfo] Stange, no ha sucedido con generales y almirantes que han sido miembros del Senado.

Cheyre incluso habla de los jueces que no tuvieron el suficiente coraje para defender los derechos humanos y también menciona a la derecha.

Por supuesto que hay responsabilidad política de la Corte Suprema y del Poder Judicial, y el general Cheyre hace muy bien en recordar la responsabilidad política de la derecha.

A partir de este episodio, ¿se resiente la relación que había logrado con tanto esfuerzo la Concertación con el mundo militar?

La Concertación nunca ha querido desarrollar una política contra el Ejército; por el contrario, lo considera una institución esencial de la nación. Digo que la Concertación enfrentada al problema universal de qué hacer con los pasados abusos de derechos humanos, dijo: "Vamos a precisar responsabilidades individuales, porque las responsabilidades penales son individuales y no de la institución". Así fue desde siempre

EL 11 DE septiembre, un día de infamia en Estados Unidos, es también una fecha negra en la historia de Chile. Aunque funcionarios estadounidenses como Henry Kissinger han insistido en que Washington no tuvo nada que ver con la revuelta militar que instaló a Augusto Pinochet en el poder y que sólo trataron de preservar la democracia en Chile, archivos de la CIA y la Casa Blanca analizados aquí por primera vez muestran cómo la agencia de espionaje usó la prensa chilena para socavar el gobierno, elegido democráticamente, del socialista Salvador Allende, tras una operación que "jugó un papel significativo para preparar el golpe militar del 11 de septiembre de 1973".

De estos documentos surge la historia del mayor proyecto de propaganda de la agencia -autorizado por los más altos niveles del gobierno norteamericano- que dependió del periódico más relevante de Chile: El Mercurio, y su bien conectado dueño, Agustín Edwards.

En Chile, el avejentado Edwards sigue siendo una influyente y poderosa figura de los medios, y aquí, en Estados Unidos, las acciones encubiertas vuelven a realizarse y el poder ejecutivo está cada vez más envuelto en secretos. La historia del 11de septiembre de 1973 continúa resonando.

Durante los últimos dos años, un grupo de editores, periodistas, estudiantes de periodismo y abogados de los derechos humanos han estado reuniendo pruebas en Santiago de Chile contra el magnate de los medios chilenos, Agustín Edwards, para, al menos, conseguir que sea expulsado de la Colegio de Periodistas Chilenos. El editor de la revista izquierdista Punto Final, Manuel Cabieses, ha presentado una petición formal en la que acusa a Edwards de violar el código de ética del Colegio al haber conspirado con el gobierno de Richard Nixon y la CIA, entre 1970 y 1973, para fomentar el golpe militar que derrocó al gobierno electo de Salvador Allende instaurando en el poder al general Augusto Pinochet. 

Las acusaciones de tipo éticas contra Edwards se podrían beneficiar de un cuidadoso análisis de documentos desclasificados estadounidenses que aportan una considerable cantidad de información sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile.

Desde 1975, cuando una comisión especial, presidida por el senador de Idaho, Frank Church, emitió su informe titulado "Acciones encubiertas en Chile: 1963-1973", se ha convertido en un secreto a voces que la CIA aportó abundante financiamiento a El Mercurio, poniendo a reporteros y editores en su nómina, y usando al periódico, en palabras de la comisión, como "el más importante canal de propaganda antiallendista". Pero con la desclasificación de miles de archivos de la CIA y de la Casa Blanca al final de la presidencia de Bill Clinton, la historia del "Proyecto El Mercurio" aparece mucho más en detalle. Entre las revelaciones más importantes de los documentos están las siguientes:

Incluso antes de que Allende fuera juramentado Presidente de Chile, Edwards acudió a Washington para discutir con la CIA "el momento oportuno para una acción militar" y así evitar que Allende asumiera el poder.

El Presidente Nixon autorizó personalmente la financiación masiva del periódico. La Casa Blanca aprobó la adjudicación de casi $2 millones, una suma significativa al convertirlos en escudos chilenos en el mercado negro.

Mensajes secretos de la CIA de mediados de 1973 identificaron a El Mercurio como "uno de los elementos de oposición más militantes" en su intento por derrocar a Allende.

Después del golpe, la CIA continuó financiando encubiertamente a los medios para influenciar a la opinión pública chilena en favor del nuevo régimen militar, a pesar de la represión brutal del general Pinochet.

Los documentos ofrecen el más detallado relato de uno de los proyectos de propaganda encubierta más famosos de la CIA, el cual jugó un papel muy superior, a lo antes pensado, en lo que acabaría siendo la dictadura militar de Pinochet. Aclaran, además, la disposición del periódico más importante de Chile -comparado, por su prestigio y relevancia, al New York Times en Estados Unidos- para colaborar en fomentar el golpe.

VISITA A WASHINGTON

Mucho antes de que Allende se convirtiera en el primer jefe de Estado socialista electo en el hemisferio occidental, Agustín Edwards comenzó a presionar a influyentes amigos estadounidenses para que apoyaran una agresiva intervención norteamericana. En su autobiografía publicada el año pasado, David Rockefeller recuerda que Edwards le dijo en marzo de 1970 que "Estados Unidos debe evitar la elección de Allende".

Un día antes de que los chilenos votaran (el 4 de septiembre), Edwards fue en busca de ayuda a la Embajada de Estados Unidos. "Invirtió todas sus ganancias de años en nuevas industrias y modernización, y se arruinaría si Allende triunfara", Edwards le dijo al embajador, Edwards Korry, tal y como Seymour Hersh relata en su libro “El precio del poder”. Korry predijo que ganaría otro candidato, el patriarca conservador Jorge Alessandri, apoyado por El Mercurio, sin embargo, Allende logró un ajustado triunfo. 

Edwards le pidió al jefe de operaciones en Chile, Henry Hecksher, que le arreglara otra reunión más privada con Korry, fuera de la embajada. Korry recuerda lo siguiente: "Edwards dijo que quería hacerme sólo una pregunta: ¿Va a hacer algo Estados Unidos, directa o indirectamente?”, Korry dijo: "Mi respuesta es no".

Poco después, Edwards voló a Estados Unidos donde hizo uso de toda la influencia que tenía sobre amigos y funcionarios cercanos al Presidente Nixon. En Washington, tal y como reflejó Kissinger en sus memorias “Los años en la Casa Blanca”, Edwards se alojó en la casa de Donald Kendall, presiente de PepsiCo, uno de los amigos más cercanos de Nixon y uno de sus contribuyentes políticos más generosos. El 14 de septiembre, Kendall realizó una visita social a la Casa Blanca y le comunicó a Nixon lo que Edwards le había dicho. Henry Kissinger, el asesor de seguridad nacional, y el procurador general, John Mitchell, subsecuentemente se reunieron con Edwards y Kendall, casi con seguridad a instancias de Nixon..

Durante 30 años, lo que Edwards le dijo al director de la CIA, cuando se reunieron en un hotel de Washington, ha sido un alto secreto. Pero ahora el memorando de la CIA titulado "Discusión de la situación política chilena" ha sido desclasificado. El nombre de Edwards está tachado con tinta negra, pero el texto deja claro que la reunión no puede ser ninguna otra que él mantuvo con Helms, a la cual Kissinger y otros aludieron. El documento revela que Edwards trató de fomentar operaciones estadounidenses encubiertas con el propósito de planear un golpe militar que impidiera que Allende asumiera la presidencia. El memorando refleja la opinión de Edwards de por qué perdió Alessandri y "la posibilidad de una solución constitucional", que fue la sugerencia inicial que presentó la embajada estadounidense donde, según muestran documentos, la CIA sobornaría a congresistas chilenos para que ratificaran a Alessandri en vez de a Allende, luego éste renunciaría y se convocarían a nuevas elecciones a las que iría como candidato el Presidente saliente, el demócrata cristiano Eduardo Frei, quien presumiblemente ganaría. Pero el memorando también incluye una discusión que refleja los riesgos de esta solución parlamentaria:

Podría no funcionar. ¿Y entonces qué?
Algún congresista podría actuar demasiado pronto y anunciar sus intenciones prematuramente, lo que precipitaría que los comunistas "se echaran a la calle".
El general Retirado Roberto Viaux, líder de una asonada militar en octubre de 1969 (tachado) o "algún otro loco" podría tratar de dar un golpe, lo que arruinaría cualquier esfuerzo serio.

El documento describe que Helms y Edwards también discutieron sobre otra opción: "Cuándo realizar una acción militar".

En una reunión de 15 minutos, la tarde del 15 de septiembre, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Nixon emitió la, ahora famosa, orden a Helms de que fomentara una iniciativa militar en Chile para evitar que Allende llegara al poder. "1 posibilidad entre 10, pero salvemos Chile” ... No preocuparse de los riesgos ... $10.000.000 disponibles, más si hiciera falta. Trabajo de tiempo completo, los mejores hombres disponibles", fueron las notas que tomó Helms durante su reunión con Nixon.

Helms más tarde testificó ante la Comisión Church que "tengo la impresión de que el presidente convocó esta reunión en la que tomé mis notas debido a la presencia de Edwards en Washington y por lo que ... Edwards estaba diciendo de las condiciones en Chile".

FINANCIAR EL MERCURIO

Pese a los enconados esfuerzos de la CIA por fomentar el caos y un clima que condujera a un golpe militar en el otoño de 1970, el 24 de octubre el Congreso chileno ratificó a Allende como Presidente y el 3 de noviembre fue juramentado. Tres días después, Nixon convocó a su Consejo de Seguridad Nacional para discutir una estrategia más amplia que perjudicara a Allende y, en palabras del secretario de Estado, William Rogers, "derrocarlo". Días después, Kissinger presentó al Presidente un plan de cinco puntos sobre operaciones de la CIA diseñadas para desestabilizar la capacidad de gobierno de Allende. El punto cuatro recomienda "Asistir a ciertos periódicos y utilizar otros medios de comunicación chilenos que puedan criticar al gobierno de Allende".

La asistencia estadounidense al grupo de medios de Edwards comenzó incluso antes de la juramentación de Allende. A finales de septiembre de 1970, mientras funcionarios norteamericanos presionaban secretamente a compañías e instituciones financieras estadounidenses para que se retiraran de Chile y así perjudicar la economía, el embajador Korry intervino para convencer a uno de los acreedores estadounidenses de El Mercurio, First NCB, para mostrarse flexible sobre las obligaciones financieras de Edwards.

En la época de la elección de Allende, El Mercurio ya estaba en dificultades financieras. Pero las instrucciones de Nixon del 15 de septiembre de "hacer que la economía chille" y de un bloqueo invisible para obstaculizar las transacciones bilaterales y multilaterales con Chile -junto con el programa socialista de Allende-, claramente tuvieron un impacto en la solvencia financiera de la compañía, al igual que en todas las grandes empresas del país. Ante los conflictos laborales fomentados por los sindicatos dominados por la izquierda y la reducción de la publicidad estatal en la prensa por parte del gobierno de Allende -a raíz de una ley aprobada por la mayoría opositora del Congreso chileno-, Edwards acusó al gobierno de la Unidad Popular de intentar deliberadamente silenciar a los medios opositores del país. De esta manera, la libertad de prensa se convirtió en el tema más preponderante de la propaganda de la administración Nixon contra Allende. 

El 8 de septiembre, la CIA presentó una propuesta de 10 partes a la Comisión de los 40 -el grupo secreto intragubernamental, presidido por Kissinger, que supervisó las operaciones encubiertas- argumentando que "El Mercurio necesitaría al menos $1 millón para sobrevivir durante el próximo o próximos dos años". La CIA indicó que "sin este apoyo financiero, se verá obligado a cerrar antes de fines de septiembre. Aunque este cierre sería por motivos económicos", especuló la agencia de espionaje, "no hay duda de que estos problemas financieros han sido inspirados políticamente".

La solicitud de la CIA provocó un significativo y revelador debate interno entre la burocracia estadounidense. En un informe de opciones ultra secreto, ahora desclasificado, entregado a Kissinger, presentó dos "opciones básicas":

A: "Ofrecer extenso financiamiento al periódico, con el entendimiento de que no sería suficiente para impedir que el gobierno de Allende lo cerrara (por ejemplo a través del control del papel o de huelgas.) Esto incluiría un compromiso inicial de al menos $700.000.

B: "Dejar que El Mercurio se arruine y lanzar una gran campaña de propaganda sobre el tema de la libertad de prensa".

La Opción B era arriesgada, indicó el memorando, porque "Allende podría responder demostrando que sería la ineptitud financiera de El Mercurio la que hubiera causado el cierre". El jefe de operaciones de la CIA en Santiago y el embajador Korry apoyaron el financiamiento, otros funcionarios creyeron que $1 millón era "un precio muy alto por un poco de tiempo extra" si el periódico iba a cerrar de cualquier manera.

El periódico recibiría $700.000, pero Estados Unidos "condicionaría el apoyo a que El Mercurio lanzase un intenso ataque público contra los esfuerzos del gobierno de Allende de clausurar el diario".

El 14 de septiembre de 1971, los documentos muestran que Nixon personalmente autorizó $700.000 -y cientos de miles más- en fondos encubiertos para El Mercurio. 

Apoyándose en la fuerza de la decisión presidencial, Helms ordenó a su división del hemisferio occidental que "se excediera de los $700.000 y los aumentara, incluso a más de $1.000.000, siempre y cuando fuera necesario para mantener el periódico abierto". En resumen, en una decisión que aparentemente se mantuvo en secreto de los investigadores del senado en 1975 y subsecuentemente tachada de todo documento desclasificado de la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional, Kissinger personalmente aprobó los $300.000 adicionales para el periódico, según un sumario de la CIA. Al comprar moneda chilena en el mercado negro, la CIA aportó 67 millones de pesos a El Mercurio.

Aparentemente, esa cantidad no fue suficiente. En abril de 1972, la CIA solicitó "$965.000 adicionales para ofrecérselos a El Mercurio". En esta ocasión la agencia desechó el argumento de que Allende amenazaba con clausurar el periódico, el problema era su solvencia financiera. La nueva cantidad, se informó a Kissinger en un memorando ultra secreto, se "usaría para pagar un préstamo, para cubrir el déficit operacional mensual hasta marzo de 1973 y para ofrecer un fondo de contingencia de (tachado) para cubrir necesidades de urgencia como requisitos crediticios, nuevos impuestos, y otras deudas bancarias que surgen con escaso aviso previo". . 

Esta asignación elevaría el total de las contribuciones de la CIA para el periódico a $1,95 millones en menos de siete meses -unos $8,4 millones en dólares de hoy- y decenas de millones de pesos chilenos en el mercado negro. Una cantidad adicional indeterminada llegó también a El Mercurio, a través del colaborador principal de la CIA en Chile, la ITT Corporation. Un memorando de conversación del 15 de mayo de 1972 -hoy desclasificado- entre el funcionario de la CIA, Jonathan Hanke, y el ejecutivo de ITT, Hal Hendrix, registra una discusión sobre unos $100.000 en depósitos bancarios que la corporación estaba desviando secretamente a la compañía de Agustín Edwards. Hendrix, como informó Hanke a sus superiores, "me dijo que el dinero para el grupo de Edwards se canalizó a través de un banco suizo".

SE CONSTRUYE UN GOLPE

¿Cómo se usó este dinero? "La asistencia recibida por El Mercurio ha permitido a ese periódico independiente sobrevivir como un portavoz efectivo de la democracia chilena y contra el gobierno de la UP (Unidad Popular)", dijo la CIA en un memorando ultra secreto a la Comisión de los 40. Pero liderar la oposición contra Allende no fue lo mismo que apoyar el proceso democrático en Chile. De hecho, con asistencia de los fondos encubiertos, el imperio mediático de Edwards se convirtió en uno de los protagonistas más prominentes en la caída de la democracia chilena.

Para 1972, el periódico "publicaba casi diariamente editoriales de crítica contra el gobierno de Allende", y "guiaba y arengaba a la oposición", informó la CIA en un resumen sobre el “Proyecto El Mercurio”. "El Mercurio continúa jugando un papel de liderazgo en moldear la opinión pública chilena", concluyó la estación de la CIA en Santiago el 21 de febrero de 1973 en un informe. "El Mercurio (tachado) lanzó una extensa campaña publicitaria para culpar al gobierno de Allende de las penurias económicas de Chile, colocando anuncios allá donde fuera posible".

Pero las actividades del grupo mediático de Edwards fueron mucho más allá de colocar anuncios y publicar artículos incendiarios y editoriales contra Allende. Con el apoyo de la CIA, El Mercurio se posicionó como el clarín de la agitación organizada contra el gobierno, y como aliado de las fuerzas militares golpistas antes de la asonada. El 2 de mayo, en uno de los mensajes más comprometedores escritos por la estación de la CIA, su jefe informó a la sede de la agencia en Langley sobre las actividades de las fuerzas políticas dentro y fuera del ejército que trabajaban por el derrocamiento de Allende. El agente identificó a "la cadena de periódicos El Mercurio" como "uno de los elementos de oposición más militantes" -otros grupos incluían el grupo paramilitar neofascista “Patria y libertad” y el ultra conservador Partido Nacional, quienes habían recibido fondos de la CIA -que "se han propuesto la creación de conflictos y confrontaciones que lleven a algún tipo de intervención militar". Cada uno de estos grupos, indica el mensaje, "están tratando de coordinar sus esfuerzos con miembros de las Fuerzas Armadas que conocen y comparten este objetivo".

En junio de 1973, mientras aumentaban dramáticamente las tensiones sociales y circulaban rumores de golpe de Estado en Santiago, El Mercurio publicó un editorial que en esencia defendía una insurrección. Allende ha dejado de ser el Presidente constitucional, declaró el periódico. El 21 de junio, Allende invocó una ley de libelo, aprobada por una administración previa, y ordenó el cierre del diario durante seis días, pero sólo un día después, una corte de apelaciones dictaminó que el gobierno no tenía derecho a clausurar el periódico y El Mercurio reanudó su campaña de oposición y agitación.

Sólo una semana después, el 29 de junio, el Ejército chileno intentó un golpe sin éxito. La situación se deterioró rápidamente y Allende fue derrocado en los próximos tres meses. El 11 de septiembre de 1973, la aviación chilena bombardeó el palacio presidencial, Allende murió de una herida de bala en un acto de suicidio, y una junta militar, comandada por el general Augusto Pinochet, se adjudicó el control del gobierno.

Eventualmente, la división de operaciones encubiertas del hemisferio occidental de la CIA, reconoció que El Mercurio hizo posible el golpe: “Antes de la asonada, los medios de comunicación del proyecto mantuvieron un ataque continuo contra el gobierno, explorando cualquier punto de fricción entre las fuerzas de Allende y la oposición democrática, y recalcando los problemas y conflictos que se estaban creado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas”.

En una verdadera admisión de que las operaciones encubiertas de Estados Unidos contribuyeron directamente al derrocamiento de Allende, la CIA concluyó que "el proyecto de propaganda de la Estación de Santiago", en el cual El Mercurio era el protagonista dominante, "jugó un papel significativo en preparar el golpe militar del 11 de septiembre 1973".

APOYO A PINOCHET

En septiembre de 1974, cuando Seymour Hersh expuso las operaciones encubiertas de la CIA para desestabilizar a Allende en The New York Times, el Presidente Gerald Ford se vio obligado a defenderlas públicamente como "un verdadero beneficio para el pueblo de Chile, y ciertamente en nuestro propio beneficio". Hubo un esfuerzo por parte del gobierno de Allende "de destruir los medios de comunicación opositores, tanto la prensa escrita como los medios electrónicos", dijo Ford a periodistas. "Los esfuerzos (encubiertos) que se realizaron en este caso fueron para ayudar a preservar los periódicos y los medios electrónicos de oposición".

De hecho, fue el régimen de Pinochet, y no Allende, quien destruiría la prensa libre en Chile. Después del sangriento golpe -unas 1.500 personas fueron asesinadas por los militares en las semanas sucesivas- la junta clausuró todos los medios de comunicación, menos los controlados por el Estado. Claro, hubo algunas excepciones, la más prominente fue El Mercurio.

Como parte del presupuesto de propaganda fiscal del año 1974 de la CIA, la Estación de Santiago continuó financiando encubiertamente a la prensa derechista chilena, la que, de ser la voz opositora a Allende, pasó a convertirse en la principal fuerza independiente promilitar del país. Puesto que el financiamiento iba a expirar a principios de 1974, la división del hemisferio occidental determinó que era necesaria una extensión para permitir a los medios del régimen militar que realizaran un paulatino abandono de la nómina clandestina estadounidense.

Ya que el Departamento de Estado estaba presionando para clausurar sus proyectos de acciones encubiertas anteriores al golpe, la división del hemisferio occidental de la CIA pareció haber solicitado, y obtenido, $176.000 adicionales para dar a "este mecanismo de propaganda múltiple la oportunidad de localizar fuentes financieras alternativas", de acuerdo con memorandos secretos de la agencia. Pero con Pinochet asentado firmemente en el poder, desapareció la necesidad de financiar el proyecto mediático. Al parecer, a finales de febrero de 1974, según documentos, los agentes de la estación de la CIA se reunieron con sus contactos chilenos, y les dijeron que "todo el apoyo de subsidios ... cesaría" a finales del año fiscal. El jefe de la estación informó en un mensaje secreto del 1 de marzo de 1974, dirigido a Phillips, que "esta noticia fue recibida con gran sorpresa y decepción".

Pinochet permanecería en el poder durante 17 años. En ese periodo, El Mercurio sirvió como fiel valladar de la dictadura, optimizando sus logros económicos y minimizando -hasta el punto de la distorsión y la ofuscación- su extensa represión, la que incluyó el asesinato y desaparición de miles de chilenos, la tortura sistemática y múltiples actos de terrorismo internacional en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Sólo 30 años después del golpe, Chile ha empezado a abrir este capítulo de su pasado. El arresto de Pinochet en Londres en 1998 -el general logró escapar de la extradición a España por crímenes contra los derechos humanos y eventualmente se le permitió regresar a Chile, donde la Corte Suprema dictaminó que era mentalmente incapaz de ser juzgado- dio paso a acusaciones, arrestos y encarcelamientos de varios de sus camaradas militares. Pero ¿qué se hizo de Edwards y su compañía mediática y otros protagonistas del sector privado que colaboraron activamente en la eliminación de la democracia electoral y el advenimiento de una brutal dictadura militar?

Los intentos de presentar acusaciones éticas contra Agustín Edwards ante el Colegio de Periodistas es un gesto totalmente simbólico, aunque realmente significa el principio de un movimiento para hacer a los civiles responsables de sus actos. Los documentos estadounidenses que registraron secretamente esas acciones pueden aportar pruebas valiosas, si no para emprender acciones judiciales, sí para al menos conocer las responsabilidades morales.

Una vez más los medios de comunicación mintieron y manipularon en función de sus intereses los acontecimientos de aquella jornada, para vergüenza de quienes creen que el periodista está al servicio de la verdad

Roberto Manríquez, periodista (09/07)

LA COBERTURA DE prensa de la jornada de protesta del 29 de agosto pasado trajo algunas novedades y otras continuidades.

Entre las novedades podríamos apuntar que para los despachos de prensa los heridos son indefectiblemente Carabineros y nunca hay civiles. De hecho no hubo heridos civiles para ningún periodista de televisión al menos, pese a que personalmente pude constatar que había varios.

Siempre se crea una sensación de pobres policías frente a hordas de maleantes que se supone son los manifestantes. Ante tal conclusión, siempre recuerdo que en la última década existen al menos cinco casos de asesinatos de activistas políticos a manos de Carabineros, lo que no es menor y ameritaría a mi juicio una preocupación de la Comisión de HHH de la ONU .

La policía uniformada señaló que en la jornada convocada por la multisindical CUT participaron 3.000 personas. Lo que fue recogido con indisimulados vítores por El Mercurio. Sin embargo, el dato resulta al menos curioso contrastado con los más de 750 detenidos, puesto que implica que se detuvo casi a uno de cada tres manifestantes. Lo que no se condice con el bloqueo de la principal arteria de la capital por casi seis horas ininterrumpidas.

Otro dato no menor es que sólo en Valparaíso marcharon casi 3.000 personas (desafío a alguien que haya visto alguna una sola bendita imagen de esa demostración por televisión), lo que nuevamente contradice la estadística oficial, ni hablar de Concepción o la Sexta región.

El contraste fue dado por la sentida despedida del colega Julio López Blanco, al empresario Anacleto Angelini, un ejemplo brutal del periodismo travestido en relaciones públicas. Las frases laudatorias hacia quien acabó con un porcentaje importante del ecosistema de nuestro país (forestales e industria pesquera) y desarrolló un imperio en uno de los países con peor distribución de la riqueza en la región, resultó me temo esperable. Tan lógico como que el reportero fuera López Blanco, un colega sancionado por el Colegio de Periodistas luego de comprobarse su participación como encubridor o activo participante en el montaje de los asesinatos de cinco miembros de la familia Gallardo en 1975.

COMENTARIOS 

 No es raro que Jovino Novoa aparezca distrayendo la atención pública hacia el molino de su conveniencia .
Siendo Director de Organizaciones Civiles, proveyó los indicios con los que se sometió a proceso por el asesinato de Tucapel Jiménez al hasta entonces Secretario Nacional de los Gremios, Misael Galleguillos .
Mientras la investigación perdía años tratando de responsabilizar del crímen a un pintoresco grupo civil nacionalista, la operación DINE-CNI permanecía oculta, sus elevados responsables seguían haciendo carrera y el Sr. Novoa, despejados los flancos de rivales al interior de la dictadura, iniciaba su reciclado hacia político de la transición . Juan Pérez

* No hay peor ciego...
Sandra Varas Oliva

Era de esperar que los medios de comunicación oficiales (todos, ya no se diferencia TV Nacional, como el canal de todos los chilenos) minimizaran la protesta y marcha convocada por la CUT, porque en esta postura del Gobierno, oposición incluida, está la imagen internacional de Chile y la seguridad que se les da a los llamados inversionistas extranjeros para que hagan negocios (y muy buenos negocios) en Chile: Mano de obra barata, legislación laboral bastante flexible -a pesar de pedir reiteradamente más flexibilización laboral por parte de grupos empresariales- medios de comunicación que nos hablan permanentemente de éxitos macroeconómicos, globalización etc.

LA OFENSIVA SOCIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
La dura carta de monseñor Alejandro Goic y su papel en la solución del conflicto de Codelco no fueron un gesto aislado, sino que responden a una profunda preocupación de los obispos frente a la “inequidad escandalosa”. Y no pretenden quedarse en silencio.

La desinformación de los medios y la falta de importancia que le dieron a la declaración de la Conferencia Episcopal de Chile (CEC). De eso se trata una carta de circulación restringida que envió hace unos días por correo electrónico Jaime Coiro. Según una fuente que tuvo acceso al documento, el jefe de comunicaciones de la CECh se quejaba en el correo de la actitud que adoptaron algunos medios al bajarle el perfil a las quemantes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo de Rancagua Alejandro Goic. Con el mail, “enviado a mucha gente”, asegura la fuente, “buscó contragolpear la desinformación de diarios que le dedican portadas a la Iglesia cuando se mete en temas sexuales”.

La razón era simple. En la declaración “Desafíos de fondo en los recientes conflictos laborales”, que leyó el 18 de julio pasado, el obispo Goic -en representación de la Iglesia Católica de Chile- hizo un duro cuestionamiento a las condiciones de trabajo del mundo de los subcontratados. “Desgraciadamente, en este régimen muchas veces el trabajo no se realiza en condiciones dignas y justas”, dijo, dirigiendo sus palabras al sector empresarial, en particular a Codelco, entonces sujeta a la huelga masiva de trabajadores subcontratados. “En este caso, como en otros, la violencia es el síntoma de una situación de inequidad evidente que no ha sido resuelta por nuestra sociedad. Los trabajadores tienen el legítimo derecho de movilizarse a través de sus organizaciones representativas para reclamar lo que la ley les confiere y en justicia les pertenece. Pero nada justifica la violencia ni el atropello a los derechos de otras personas”, agregaba la declaración. Ampliando el tema a los diversos sectores del gran empresariado, el prelado citó un punto en extremo sensible: la negociación colectiva en régimen de subcontratación.

EL PROCESO

La carta del presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (CEC) no fue un gesto aislado, sino que responde a un proceso que había pasado casi inadvertido por los medios. En los mentideros eclesiásticos, donde la sutileza diplomática es una práctica tan cotidiana como rezar, en este caso, se apela a la franqueza. “La inequidad tiene mucho que ver con que hay pobres muy pobres, pero también con que hay ricos muy ricos. Algo que la Iglesia ha venido repitiendo desde el año 2005”, afirma una fuente eclesiástica que apunta al Informe del PNUD de ese año, donde Chile apareció entre las naciones con peor distribución de la riqueza en el mundo, como un hecho que remeció a la curia local. “Si sigues los documentos de la Iglesia verás que desde entonces ha mantenido la misma línea al respecto”, agrega.

¿Cuánto de la vehemencia demostrada por el obispo Goic estos días tiene que ver con ello? Mucho, dice un influyente personero de la CECh, quien reconoce que, aunque en la Iglesia coexisten matices distintas en materia de educación y moral sexual, la Conferencia Episcopal representa la visión unánime de los obispos sobre las condiciones laborales de los trabajadores chilenos. De hecho, fue de la asamblea plenaria de los obispos, en abril pasado, de donde surgió la mentada declaración de Goic. Dicha asamblea se lleva a cabo dos veces al año, en abril y noviembre, y no es de suponer que la próxima reunión no profundice en la misma senda. Es más, un testigo de las tratativas asegura que el cardenal Francisco Javier Errázuriz aprueba la línea seguida por Goic y que incluso juegan un buen partido. “Se hacen pases, es notorio. Si no quisieran levantar polvo, no habrían puesto a un cura mediático y con llegada en diversos sectores como lo es Rodrigo Tupper, a cargo de la Vicaría Social”, señala la misma fuente, quien agrega otro elemento a tener en cuenta: “El cardenal ha hablado poco y es altamente probable que se esté guardando para el Tedéum”.

Un influyente personero de la CECh asume que, obviamente cuando se trata de temas valóricos y de las congregaciones, hay diferencias. “Pero el contenido de la afirmación de la inequidad es bastante unánime, porque la declaración salió de la asamblea plenaria de obispos”. El matiz, agrega, puede estar en que “haya algunos de ellos que discrepen del lugar en que se plantea la declaración, de la manera o de a quienes se le plantea, pero del contenido no creo que haya ningún obispo que esté en desacuerdo”.

Ese es uno de los puntos que más se recalca: el regreso al mundo social, o a como se dice en chileno, a “meter las patas al barro”. Sin embargo, otros de los personeros consultados precisa que el mentado giro de la Conferencia Episcopal a una postura más decidida en materias laborales no es tal, pues corresponde a la línea histórica de la Iglesia Católica en pos de los más pobres. Uno de ellos así lo expresa: “La Iglesia se mantiene en la línea que ha estado siempre, haciendo una convocatoria a todas las personas creyentes y de buena voluntad para discutir el tema como país”. La única diferencia, quizá, está en la fuerza y la forma con que el presidente de la Conferencia alzó esta vez la voz, interpelando al empresariado y el Gobierno. “La Iglesia está dispuesta a aportar en lo que pueda y busca los canales de diálogo para abordar estos temas”, asegura la misma fuente, que pone como ejemplo pone las declaraciones que hizo el obispo Gonzalo Duarte, por lo general adscrito a la línea más conservadora, en el marco de la V Conferencia General del

Celam, a principios de año. “Tenemos la vergüenza nacional de ser uno de los países de Latinoamérica con más inequidad en la distribución de los bienes y con más inequidad en las oportunidades, particularmente en el tema educacional”, señaló.

Por eso, el piso desde el cual habla Goic está dado por las últimas cartas de los obispos sobre la “iniquidad escandalosa”. Es decir, no se trata de su opinión personal, sino de la voz de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia Católica de Chile, con la aprobación del cardenal Errázuriz. Algo que descoloca a algunos empresarios católicos que ven en el tema laboral un peligro. Sobre todo después de las negociaciones entre Codelco y los trabajadores subcontratados en que la Iglesia “fue un factor fundamental en la resolución del conflicto”, tal como asegura Cristián Cuevas, líder de los subcontratistas.

OFENSIVA MEDIÁTICA

Con todo, la misiva que envió Coiro surtió efecto en algunos sectores, y fue coronada por una seguidilla de declaraciones del obispo de Rancagua a mediados de semana. El miércoles, en entrevista con Radio Cooperativa, Goic mostró su sorpresa y molestia por la escasa cobertura de los medios respecto a la posición de la Iglesia en materia laboral. “Cuando la Iglesia habla a temas de moral sexual le dan cobertura, pero cuando habla de temas de moral social no”, ejemplificó. En la misma entrevista hizo un llamado a crecer en “equidad y justicia social”, asegurando que de lo contrario “el conflicto va a venir”, y respondió además a las críticas que había hecho en la víspera Eliodoro Matte. Durante un encuentro de la Asociación Chilena de Seguridad, en que fue distinguido con el premio Visión Empresarial”, el empresario y cabeza del poderoso grupo que lleva su apellido denunció el “clima antiempresarial” que campearía tras las negociaciones de Codelco con los subcontratados. “La intención de la Iglesia es buscar la unión y la comunión de todos”, respondió Goic cuando le preguntaron por las declaraciones de Matte, un católico practicante que estuvo vinculado a los Legionarios de Cristo.

Canal 13, por su parte, también reaccionó. El mismo miércoles 1 de agosto, un reportaje del periodista Arístides Progulakis en Teletrece contó la historia de “los trabajadores subcontratados” y mostró “su cruda realidad”. La pauta siguió el jueves en la noche con una entrevista al obispo Goic. Según un ejecutivo de la estación, así como el cardenal Errázuriz, gran canciller de la Universidad Católica, movió sus piezas para evitar la difusión del comercial de la campaña del sida, hizo sentir su peso en Canal 13 para que se diera a conocer la postura de la Iglesia.

Goic volvió a insistir, ahora sobre el sueldo mínimo. “En un país donde el 90 por ciento son creyentes en Cristo, donde hemos resuelto juntos el paso de un régimen de facto a uno democrático, ¿no será el momento ya de abrir un gran debate nacional para ver como distribuimos la riqueza? Yo me pregunto: ¿Es posible vivir con un sueldo mínimo de 140 mil pesos? Con profundo respeto, invito a debatir esta deuda pendiente que tenemos con los más pobres de Chile”, declaró. LND